Víctor Grifols, presidente de la multinacional farmacéutica española del mismo nombre (Ibex 35, 42% revalorización en 2012) lanzaba hace poco, en la Escuela de negocios ESADE de Barcelona, una idea que permitiría a los parados redondear sus prestaciones por desempleo en 60 ó 70 euros por semana y que generaría, además, entre 5.000 y 6.000 nuevos empleos.
Bastaría con vender sangre dos o tres veces por semana, tal como lo hacen en Estados Unidos unas 275.000 personas en los 147 centros de extracción que la multinacional tiene en aquel país. A 25 ó 30 dólares por sesión, -dos o tres por semana-, ganarían la cifra de la que hablaba Grifols. Habrán adivinado ya que la actividad empresarial de Grifols consiste en elaborar medicamentos a partir de las proteinas del plasma sanguíneo.
Traigo este asunto al rincón porque es un síntoma, uno más, de la enorme gravedad de lo que nos está pasando con la crisis; del pozo en que nos están -estamos- metiendo y de lo desnortados que acabaremos por estar. El hecho tiene componentes legales, éticos y hasta estéticos de enorme interés y, por nuestra salud mental y física y por el futuro de nuestros nietos, sería menester que reaccionáramos ante cosas como esta.
Veamos. Para el presidente de Grifols no es obstáculo que, en nuestro país, esté prohibido el pago por donación de sangre. «España debería espabilarse», dijo, y permitir el pago por extracciones, como ya han hecho Alemania y Austria. Le trae sin cuidado que una medida de ese tipo pudiera dar al traste con el sistema de donación de órganos, solidario y modélico, que tenemos. ¿Por qué no vender un riñón, si tenemos dos y con la venta de uno podemos sacar de un apuro a la familia? Se preguntaba, ante el anuncio de Grifols, el presidente del Foro español de pacientes.
Pero, ¿por qué pararnos ahí? Sabemos, por la historia de bachillerato, que tener deudas era uno de los motivos que conducían a la esclavitud. No les extrañe que algún listo esté pensando proponer que, en lugar de castigar con cárcel a los que no pagan -con el gasto de alimentación y alojamiento que eso supone-, se legalice la esclavitud.
Las últimas reformas laborales nos retrotraen al siglo XIX. Ya puestos, ¿qué más da si, en aras de ahorrar y crear empleo, volvemos al Antiguo régimen, y olvidamos la proclamación de los Derechos del hombre, esa antigualla de más de 200 años?